Casos de estudio

Cronología del Proceso Arbitral en el Caso Tambogrande.

El año 1999 Minero Perú (empresa estatal), hoy Centromin Perú S.A., y Manhattan Minerals Corp. Celebraron un contrato de opción en el que se comprometían a construir una empresa para ejecutar el proyecto minero Tambogrande. En esa sociedad Centromin Perú S.A. aportaría las concesiones mineras, es decir, los derechos sobre el yacimiento minero. El contrato de opción permitió a Minera Manhattan presentar la Evaluación Ambiental del proyecto minero para la fase de exploración, y luego el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación. El proceso de evaluación del EIA presentó muchas irregularidades. Así por ejemplo, la empresa minera presentó el EIA en inglés e incompleto, le faltaban los anexos más importantes y el Ministerio de Energía y Minas, pese a ello, continuó con el procedimiento, brindándole a la empresa un tiempo indefinido para que cumpliera con presentar la documentación en forma adecuada. En noviembre del 2003 se programaron las audiencias públicas parte necesaria del procedimiento de evaluación del EIA. La población de Tambogrande decidió no participar de ellas y expresar su rechazo al proyecto minero en las calles de Piura. En este contexto el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender las audiencias. El 10 de diciembre de 2003, Centromin Perú, comunicó formalmente a Minera Manhattan Corp. La resolución del contrato de opción celebrado por ambas, debido a que ésta última había cumplido con dos obligaciones establecidas en dicho contrato. Es decir, al 1º de diciembre de 2003, Manhattan no logró acreditar, de manera suficiente, el tener en operación un complejo minero con una capacidad de tratamiento promedio equivalente a 10,000 TM/día de minerales y un patrimonio neto de US$ 100 millones. No conforme con esa decisión, Manhattan Minerals Corp. En virtud de lo establecido en el contrato de opción para la solución de controversias, solicitó el arbitraje por vencimiento del plazo, a fin de que hiciera valer los derechos del Estado ante el Tribunal Arbitral. El día 26 de agosto del 2004, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), dando respuesta a un recurso administrativo sobre el EIA, informó al Alcalde del Municipio Distrital de Tambogrande que el procedimiento de evaluación del EIA se encontraba suspendido hasta que se resolviera el arbitraje entre Manhattan Minerals Corp. Y Centromin Perú, el mismo que oficialmente se iniciaba ese día. El día 28 de Setiembre del 2004, durante la presentación de un video sobre Tambogrande realizada en el Congreso de la República, el Dr. Jorge Velit, Asesor Legal del Directorio de Centromin Perú, quien había sido invitado al evento, dio a conocer que el citado proceso arbitral se encontraba en la etapa de instalación del tribunal. El Dr. Velit informó también, que el arbitro nombrado por la empresa minera Manhattan es el Dr. Felipe Cantuarias, y que Centromin, luego de una primer nombramiento que había sido impugnado, nombró como abogado al Dr. Roberto Mac Lean. Asimismo señaló que, ambos árbitros nombraron como Presidente del Tribunal al Dr. Jaime León. En el citado evento, el Dr. Velit, también señaló que conformado el tribunal arbitral Centromin Perú presentaría como cuestión previa, la extemporaneidad de la solicitud de arbitraje. Respecto al fondo del asunto, indicó que Centromin Perú se mantenía firme en la postura de que la resolución del contrato procedía al haber incumplido Minera Manhattan, con obligaciones pactadas en el contrato de opción. El día 9 de noviembre, tomamos conocimiento que no habría avances en el proceso arbitral y que la empresa Minera Manhattan habría solicitado la suspensión del mismo, con el argumento de que su matriz en el Canadá estaría en un proceso de cambio de sus directivos. Finalmente, debemos informar que según información tomada de la página web de la Bolsa de Valores de Toronto, las acciones de Minera Manhattan Corp. al 9 de noviembre del 2004 habría caído a su valor más bajo de los últimos cinco años, cotizándose cada una de ellas a 0.10 dólares. A partir de la información señalada, podemos concluir que la situación financiera de dicha empresa es muy delicada.

Lima, 10 de noviembre del 2004 Área de Derechos Humanos y Defensa del Medio Ambiente FEDEPAZ

Caso Río Blanco: Fiscalía de la nación ordena proseguir denuncia contra fiscal que ocultó torturas

La Fiscalía de la Nación resolvió ordenar que prosiga la denuncia presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Fedepaz contra el fiscal  Félix Toledo Leiva.

Como se recordará, en el 2005; el entonces representante del Ministerio Público a pesar de haber tenido un conocimiento directo de las torturas cometidas contra los campesinos que protestaban contra la empresa minera, entonces llamada Majaz; no formuló denuncia sobre estos abusos. Al contrario, denunció a las víctimas por su participación en la  marcha de sacrificio.

Los campesinos torturados afirman que el fiscal se apersonó en el campamento de la minera y observó los evidentes signos de tortura que presentaban, llegando a manifestar que “eso les pasaba por no haberse quedado en su casa, y que ahora debían aguantar calladitos no más”. Cleofé Neyra, una de las víctimas; refiere que incluso el propio fiscal participó en los malos tratos, jalándole de los cabellos. Otras de las víctimas manifiestan haber sido golpeados en la presencia del fiscal.

La decisión de la Fiscalía de la Nación constituye un importante paso en el camino a la justicia para los hombres y mujeres torturados en el 2005 y las comunidades campesinas a las que pertenecen. Además, la CNDDHH, señala que esta decisión representa una luz de esperanza para quienes a lo largo y ancho del país han sido impunemente ultrajados ante la pasividad de malos representantes del Ministerio Público.

El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú manifiesta su preocupación por la intención de Río Blanco Cooper S.A. de retomar su proyecto en la Sierra Piurana 


El FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ – FDSFNP, colectivo de municipalidades, comunidades y rondas campesinas y otras  organizaciones sociales de las provincias de Huancabamba y Ayabaca (Piura) y de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), ante el comunicado público de  la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (Minera Majaz S.A.) que da a conocer su interés de retomar su proyecto minero en la sierra de Piura, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente: 

1.       El Consorcio minero de capitales chinos  Xiamen Zijin Tongguan, propietario de Monterrico Metals, casa matriz de Río Blanco Copper S.A., tiene aproximadamente 29,000 has. de concesiones mineras en los territorios de los distritos de El Carmen de la Frontera (Huancabamba)  Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca). Parte de ellas, se han otorgado en  los ecosistemas frágiles de páramo y bosque de neblina.

2.       La empresa minera tiene previsto, tal como lo documenta el informe del Peru Support Group del año 2007, la realización de hasta 5 proyectos mineros a tajo abierto en el área mencionada. Uno de ellos, es el proyecto Río Blanco.  De realizarse el conjunto de proyectos tendríamos en esta zona un distrito minero, cuyos impactos ambientales, económicos y sociales deben ser debidamente ponderados. El  citado informe precisa que  “los efectos potenciales de Río Blanco en el ambiente y el desarrollo no pueden ser analizados independientemente del impacto de este distrito minero más amplio”. 

3.       El relacionamiento social de la empresa Río Blanco luego de su incorporación como  accionista mayoritario del Consorcio Xiamen Zijin Tongguan, no ha sido muy diferente a la historia anterior. La empresa, ha seguido propiciando la división en el seno de nuestras organizaciones y la población y la criminalización de nuestros dirigentes y ahora, nuevamente, pretende ocupar ilegalmente tierras de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba).

4.       El pago de la indemnización a las personas que sufrieron torturas en el campamento minero y a los familiares del fallecido en éste, no necesariamente es parte de un nuevo comportamiento de la empresa, porque dicho pago es, en realidad, producto de la seria preocupación de la empresa de perder el juicio que se iba a iniciar en octubre en las Altas Cortes Británicas ante las contundentes evidencias de su responsabilidad. Al respecto, el pago de la indemnización si es una expresión del reconocimiento de la responsabilidad de la empresa en dichos actos de tortura.

5.       El comportamiento ambiental de la empresa tampoco ha cambiado con los nuevos accionistas. El 2008 la empresa  tuvo que retirar su EIA  del Ministerio de Energía y Minas al no absolver las observaciones que le realizaron. Ese mismo año, Río Blanco fue sancionada con una multa de S/. 350,000 nuevos soles por OSINERGMIN, por haber realizado operaciones para las que no estaba autorizada, además de haber contaminado las nacientes de las aguas de los ríos en su zona de operaciones, entre otras infracciones.

6.       Además, es importante considerar que las prácticas ambientales del consorcio chino en su país, no son ejemplares. El año 2010 fue sancionado por haber ocasionado el  mayor desastre ambiental de la industria minera de China, con personas fallecidas, tierras de cultivo contaminadas y otras pérdidas económicas, siendo algunos de sus funcionarios detenidos por responsabilidad en los hechos.

7.       Los páramos y bosques de neblina, son riquezas naturales del país que el FDSFNP, y  la población de Huancabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio hemos defendido por más de ocho años; así como el modelo agro exportador y de producción orgánica, buscando un manejo sostenible en tiempos de cambio climático, y que tuvo un hito importante  en la consulta vecinal realizada hace cuatro años.  

8.       En conmemoración a este último hecho, realizaremos en los próximos días una peregrinación pacífica al que fuera el campamento minero (abandonado por completo hace ya varios meses), lugar donde fallecieron dos de nuestros hermanos ronderos.

9.       Estamos convencidos de que nuestra causa es justa y noble, pues trasciende intereses inmediatos y está comprometida con el futuro de las próximas generaciones, además de coincidir con los lineamientos de política del actual Gobierno.  



Esperamos que nuestras nuevas autoridades actúen con responsabilidad en la toma de sus decisiones y consideren en ellas la opinión de las poblaciones locales y comunidades, pues son éstas las que asumen finalmente los impactos negativos de cualquier error. Ratificamos en el aniversario de la consulta ciudadana del 16 de setiembre nuestra firme convicción de defensa de los páramos, la vida, el agua y nuestro modelo agro-ecológico-exportador. 

09 de setiembre de 2011


FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ 

Municipalidad Provincial de San Ignacio - Municipalidad Provincial de Huancabamba - Municipalidad Provincial de Ayabaca - Municipalidad Distrital de Pacaipampa - Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera - Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca - Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Comunidad Campesina de Yanta - Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba - Central Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy - Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba - Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca - Colectivo por Ayabaca

Tras sufrir torturas en campamento minero en Agosto del 2005

CASA MATRIZ DE MINERA MAJAZ S.A. INDEMNIZA A 33 CAMPESINOS 

•    Durante los actos de violencia se registró la muerte de una víctima 

Monterrico Metals Plc., empresa británica propietaria de Río Blanco Copper S.A., antes llamada Minera Majaz S.A. (constituida en el Perú), aceptó indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados en la sede del campamento minero de Río Blanco Copper S.A. entre el 1 y 3 de agosto de 2005, así como aceptó indemnizar a los familiares de 1 campesino fallecido entre esas fechas, con la finalidad de que los demandantes den por concluida la demanda por indemnización que interpusieron en su contra, en junio de 2009, ante las Altas Cortes Británicas. 

En efecto, como se recordará centenares de campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, así como de San Ignacio en Cajamarca, ubicados en la parte norte del Perú, realizaron una marcha de sacrificio pacífica a la sede del campamento minero con la finalidad de sensibilizar a las autoridades públicas y a los funcionarios de la empresa minera respecto a sus demandas de diálogo (no atendidas) para resolver el problema generado por la pretensión de llevar a cabo un proyecto minero dentro de sus tierras comunales que afectaría seriamente su forma de vida y su modelo de desarrollo socio-económico fundamentados en la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, la agro-exportación, etc..

En esas circunstancias fueron brutalmente reprimidos por efectivos policiales quienes secuestraron a los citados campesinos, manteniéndolos cautivos por casi cuatro días en la sede del campamento minero y los sometieron a actos de tortura y malos tratos, circunstancias en la que fallece uno de ellos.

En dichos actos de represión y tortura contaron con la activa participación de funcionarios y trabajadores de la Empresa Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.) y de la empresa de seguridad Forza, por lo que, a la fecha, se encuentra en pleno desarrollo una investigación penal preparatoria para Juicio Oral contra 2 coroneles y 12 sub-oficiales, todos miembros de la policía, así como una investigación penal preliminar contra otros generales y oficiales de la policía, funcionarios y trabajadores de la Empresa Minera Majaz S.A. ( hoy Río Blanco Copper S.A) y Forza. Investigaciones que han sido promovidas por la denuncia de parte interpuesta por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Al respecto, cabe resaltar que, a la fecha, FEDEPAZ viene brindando patrocinio legal a las víctimas en las antes referidas investigaciones.

Al mismo tiempo, dentro de su estrategia de defensa legal, FEDEPAZ, a través del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC por sus siglas en Inglés) contactó con el estudio de abogados británico Leigh Day & Co. para que represente a las víctimas en una demanda de naturaleza civil indemnizatoria contra Monterrico Metals Plc.  (en su condición de casa matríz de Río Blanco Copper S.A) en el Reino Unido, por lo graves hechos antes descritos, estudio de abogados que aceptó el pedido e inició las acciones legales correspondientes.

Es así como el 2 de junio de 2009, se logra la inmovilización de los activos de Monterrico Metals Plc, con la finalidad de prever el efectivo pago de la indemnización a demandar, semanas después se presenta formalmente la demanda y el 16 de octubre de 2009 una Jueza británica confirma la medida de inmovilización antes referida al considerar que los demandantes tenían una “causa probable” con lo cual se abrió la etapa de acopio de pruebas y presentación de las mismas ante dicho Juzgado británico, habiéndose programado el inicio del Juicio para los primeros días de octubre de 2011. Juicio que ya no se llevará a cabo por la decisión de Monterrico Metals Plc de aceptar pagar las indemnizaciones demandadas por las víctimas.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, considera que Monterrico Metals Plc., aunque no admite expresa responsabilidad en los hechos, en la práctica ha aceptado pagar una indemnización precisamente porque han considerado que las víctimas tenían una sólida demanda indemnizatoria en contra de ellos (más de 80 testimonios que indican la responsabilidad de la empresa, más de 50 fotografías que muestran a las víctimas con graves lesiones en la sede del campamento minero, etc.) , es decir, que la empresa entendía que existían altas probabilidades que los jueces británicos los condenen por esos  hechos y den la razón a las víctimas demandantes, asumiendo así plena responsabilidad por las torturas a los campesinos y por la muerte de uno de ellos.

En atención a ello,  FEDEPAZ expresa su satisfacción por el hecho de las  víctimas y sus familiares van encontrando poco a poco justicia. Ahora han obtenido la indemnización que demandaron en el Reino Unido y, dentro de unos meses más, se espera que obtengan la sanción penal justa contra todos aquellos (policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad, etc.), que de una u otra forma, tuvieron responsabilidad en los graves crímenes que cometieron en su contra (la tortura es un delito de lesa humanidad), sin importar el poder fáctico, político o militar que tengan.

Finalmente, FEDEPAZ considera que los hechos de violencia aquí referidos evidencian la necesidad de mejorar los marcos normativos del sector minería que permitan establecer condiciones adecuadas para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas. Por ello, exige a las autoridades concernidas a aprobar, sin más dilación, las normas que garanticen esos derechos.

Lima, 20 de Julio del 2011.