Casos de estudio

Piura: Caso Proyecto Tambogrande

Piura: Caso Proyecto Tambogrande

Reseña

El distrito de Tambogrande, a abril de 2004, tenía el 40% de su territorio con concesiones mineras, gran parte de ellas pertenecen a la empresa minera Manhattan Minerals Corp.

El proyecto Tambogrande se ubica en el distrito de Tambogrande, provincia de Piura. Comprende 97 concesiones mineras que cubren una extensión total de 86,200 has. Estas concesiones están agrupadas en:

  • * Tambo Grande, que son 10 concesiones, que comprenden 10,000 has y que pertenecen a Minero Perú, empresa que celebró con la empresa Manhattan un contrato de opción por el cual se comprometía a constituir juntas una empresa para explotar los yacimientos de Tambo Grande.
  • * Lancones que son 80 concesiones que comprenden 73,000 has. y que pertenecen a la Compañía Minera Manhattan S.A, cuyos derechos estarían por ser transferidos a la empresa minera peruana Buenaventura.
  • * EL Papayo que son 7 concesiones que comprende 3,200 has. que pertenecen a la empresa Cedimin, con quien Minera Manhattan celebró un contrato de opción que le permitió explorar las concesiones.
  • * Se trata de un proyecto polimetálico, que incluye, especialmente la explotación de oro.

Problemática

El cuerpo mineralizado Tambo Grande-1 se encuentra ubicado debajo de una parte del pueblo de Tambogrande y se extiende hasta el extremo sur del valle agrícola de San Lorenzo. El cauce del río Piura se ubica inmediatamente al sur del tajo abierto propuesto. Está compuesto por una cubierta oxidada rica en oro, que yace sobre un depósito de sulfuros metálicos. El tajo abierto final cubriría una superficie de aproximadamente 70 has. y tendrá una profundidad máxima de 260 m. Las concesiones a las que corresponde este cuerpo mineralizado son las que le pertenecen a Centromin y que Manhattan tiene acceso a ellas a través de un contrato de opción.

Las reservas minerales aprovechables han sido estimadas en 8.9 millones de toneladas de mena oxidada y 61.3 millones de toneladas de mena sulfurada. Para poder extraer las reservas minerales, se tendrá que remover además 100 millones de toneladas de roca estéril. El cuerpo mineralizado TG-1 contiene 853,000 onzas de oro recuperable y 10.26 millones de onzas de plata en la zona de óxidos, mientras que la zona de sulfuros contiene 339,000 toneladas de zinc y 715,800 toneladas de cobre.

El proyecto tendría una vida operativa aproximada de 12 años, mientras que el período total desde el inicio de la construcción hasta la culminación de los trabajos de rehabilitación se estiman en 17 años.

Para efectuar el proyecto es necesario que se reubique una parte importante del pueblo en un período de dos años. Adicionalmente a ello, se requiere de un año para el desbroce del tajo abierto y la construcción de la planta concentradora, del depósito de relaves y las estructuras de derivación. Al término de la vida operativa, se prevee un período de cierre de dos años mientras que el tajo era inundado y los depósitos de relaves y botaderos de roca estéril cubiertos y revegetados.

El área en donde se ubica el proyecto minero es una zona agrícola, que forma parte del Sistema de irrigación Chira Piura. Su población destina parte de su producción, principalmente frutícola, a la exportación.

Pese a la existencia del sistema de irrigación Chira Piura, el agua es un bien escaso. De otro lado, la zona es considerada un ecosistema frágil, por el riesgo de desertificación que existe, pero además porque periódicamente sufre las consecuencias del fenómeno del niño. En este ecosistema existen los bosques secos que permiten bajar la temperatura del lugar y frenar la velocidad de los vientos, haciendo posible una actividad como la agricultura.

Cronología

Mediante Ley 25284, se transfirió a favor del Gobierno Regional de la Región Grau los derechos especiales del Estado en el Yacimiento Polimetálico Tambo Grande.

La Ley 26992 reemplazó a los gobiernos regionales por los Consejos Transitorios de Administración Regional - CTAR, quienes asumieron el patrimonio correspondiente a su respectivo departamento En este caso, el CTAR Piura asumió la titularidad de los derechos mineros del Proyecto Tambogrande.

El 1ro. de diciembre de 1998, mediante acuerdo de la COPRI se acordó que el Vice Ministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia debía instruir al Consejo CTAR Piura para que transfiera las concesiones mineras del Proyecto Tambogrande a favor de Petro Perú.

Mediante Oficio Nº 2799/98/DE/COPRI, la Directora Ejecutiva de COPRI comunica al Presidente del CTAR Piura dicho acuerdo. Todo parece indicar que el Vice Ministerio de Desarrollo Regional no emitió la autorización para que el CTAR Piura realice la transferencia; sin embargo, esta se realizó.

El año 1999 Minero Perú (empresa estatal), hoy Centromin Perú S.A., y Manhattan Minerals Corp. celebraron un contrato de opción en el que se comprometían a constituir una empresa para ejecutar el proyecto minero Tambogrande. En esa sociedad Centromin Perú S.A. aportaría sus concesiones mineras.

El contrato de opción permitió a Minera Manhattan presentar la Evaluación Ambiental de la fase de exploración para el TG 1, y luego el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación, el 9 de diciembre de 2002.

Previamente a ello, minera Manhattan dio a conocer el proyecto y el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán hace un estudio de la línea base del EIA dando a conocer sus muchas deficiencias.

De otro lado, al iniciarse el diálogo entre empresa y población, la primera llega a sostener que si la población se manifiesta en contra del proyecto no lo realizaría. Es por ello que, el 02 de junio del 2002, la Municipalidad Distrital de Tambogrande realizó una Consulta Ciudadana sobre la pertinencia del desarrollo de actividad minera en el distrito. El 93.95% de la población opinó que no quería minería en su localidad.

El proceso de evaluación del EIA presentó muchas irregularidades. El EIA fue presentado en inglés, de manera incompleta. Faltaban, como lo advierte INRENA el 12 de diciembre del 2002 y luego un funcionario de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MEM el 6 de enero de 2003, 21 tópicos de información relevante. Para que la empresa cumpliera con adjuntar la información faltante la Dirección General de Asuntos Ambientales suspendió el procedimiento indefinidamente. Luego de esta suspensión hubo otras que se justificaron en la necesidad de informar a la ciudadanía, algo que no ocurrió.

Cabe señalar que INRENA se pronunció sobre el EIA presentado por Manhattan, haciendo 192 observaciones y que un equipo del Centro de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, constituido por nueve profesionales de distintas disciplinas, revisó el EIA dando a conocer las deficiencias, vacíos y errores que el documento presentaba. En el mismo sentido se pronunció el hidrogeólogo Robert Morán y la Comisión Técnica del Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Piura.

En noviembre del año 2003 se programaron las audiencias públicas, parte necesaria del procedimiento de evaluación del EIA. La población de Tambogrande decidió no participar de ellas y expresar su rechazo al proyecto minero en las calles de Piura. En este contexto el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender las audiencias.

El 10 de diciembre de 2003, Centromin Perú, comunicó formalmente a Minera Manhattan Corp. la resolución del contrato de opción celebrado por ambas, debido a que esta última había incumplido con dos obligaciones establecidas en dicho contrato. Es decir, al 1 de diciembre de 2003, Manhattan no logró acreditar, de manera suficiente, el tener en operación un complejo minero con una capacidad de tratamiento promedio equivalente a 10,000 TM/día de minerales y un patrimonio neto de US$ 100 millones.

No conforme con esa decisión, Manhattan Minerals Corp., en virtud de lo establecido en el contrato de opción para la solución de controversias, solicito el arbitraje del Instituto Nacional de Minería, Petróleo y Energía a fines de enero de 2004. La solicitud fue planteada fuera de plazo.

Si bien a la fecha, los miembros del tribunal arbitral han sido nombrados, el tribunal no habría sido instalado ni la empresa habría presentado la demanda, tal como lo establece el reglamento del Instituto Nacional de Derecho de Minería y Petroleo (INDEMIPE). Además, nos han informado que Manhattan habría pedido la suspensión del procedimiento argumentando que estaba en proceso de cambio de representantes, pedido al que Centromin Perú se habría opuesto. 
De otro lado, el proceso de evaluación del EIA por la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentra suspendido y se ha supeditado a la resolución del procedimiento de arbitraje.

La empresa minera Manhattan atraviesa por una situación financiera difícil y ha hecho pública su decisión de transferir los derechos sobre las concesiones que tiene en Tambogrande. Todo parece indicar que habría llegado a un acuerdo para la transferencia de sus derechos en Lancones con la empresa minera Buenaventura.

Actualmente la Municialidad Distrital de Tambogrande, en convenio con el Centro de Investigación y Geografía Aplicada (CIGA) de la PUCP, viene elaborando una propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial del distrito, que será elevada para su aprobación a la Municipalidad Provincial de Piura. El Plan de Ordenamiento territorial es un instrumento de gestión ambiental que permite dar un uso racional al territorio, de acuerdo a la vocación de los suelos (información técnica) y a la voluntad de la población.

El 28 de Junio del 2005, la empresa Mediterranean Metals, ex-Manhattan, informó que había obtenido la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto para formalizar el acuerdo de venta de sus concesiones mineras de Lacones ubicadas en Piura, margen izquierda del río Piura, a favor de la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura. El acuerdo suscrito el pasado 13 de mayo, establecía el pago de US$ 600,000 y un adicional de US$ 400,000 en los próximos 5 años, manteniendo Mediterranean una participación del 2%.

Por otra parte, en el diario La Republica Regional de Piura, entre los días 13 y 18 de agosto se han publicado avisos con petitorios de concesiones mineras ubicadas en los distritos de Castilla, Catacaos y Tambogrande, todos en la Provincia de Piura y solicitados por la Compañía de Minas Buenaventura. S.A.A.

Lo mismo ha ocurrido en el diario oficial El Peruano, donde dichos avisos aparecieron entre los días 18 y 26 de agosto, solicitado un total de 16,300 hectáreas de concesiones de los derechos mineros en la provincia de Piura.

Caso Tambogrande - Peru

 Por: Ulises Garcia -

 Los yacimientos mineros de Tambogrande fueron reconocidos desde hace más de un siglo, ya Antonio Raimondi, los mencionaba como un potencial cuprífero.

En los años 80, la Empresa Francesa BRGM realizó estudios de prospección en el ámbito urbano y en la zona rural que confirmaron la existencia de un importante yacimiento poli metálico.

 Ya desde esa época los pobladores del pueblo de Tambogrande y del valle de San Lorenzo (principal productor de mangos y limones del Perú), en la costa norte del Perú, no permitieron la explotación minera debajo del pueblo y parte del valle de San Lorenzo a la empresa francesa BRGM, rechazo manifestado en forma expresa y tajante en el año 1981 en la ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Tambogrande en la cual el Ministro de Energía y Minas de entonces, Pedro P. Kucinsky, pretendió formalizar públicamente la autorización a la BRGM para la explotación minera. El ministro fue repudiado por los pobladores y salió despavorido de la ciudad.

 Es durante el gobierno del actualmente prófugo de la justicia peruana, Alberto Fujimori, que comienzan a articularse una serie de manipulaciones dolosas dirigidas a autorizar fraudulentamente la explotación minera en la zona, lo cual se concretó en Mayo de 1999 en que se otorgó ilegal autorización a Maniatan. Esto motivó que los pobladores se organizaran formalmente constituyendo el FRENTE DE DEFNSA DEL VALLE DE SAN LORENZO Y TAMBOGRANDE iniciando así un movimiento cada vez más fuerte y cohesionado para defender sus derechos e intereses amenazados por la pretensión de desplazar la actividad agrícola, que es el sustento y razón de ser de su población, para implementar la actividad minera.

 Después de ver agotadas todas las tratativas, realizadas tanto con la empresa como con las autoridades pertinentes, los pobladores iniciaron una serie de manifestaciones y movilizaciones pacíficas de protesta y en febrero del 2001 realizaron un PARO DE 48 HORAS cuya contundencia dio lugar a la expulsión de la empresa minera canadiense. Un mes después el 31 de marzo, fue asesinado el principal líder de la oposición al proyecto minero el Ing. Godofredo García Baca, habiéndose sindicado como su presunto asesino a un ex agente militar -hoy prófugo de la justicia- que habría cometido este alevoso asesinato por ordenes de terceros. Este asesinato y la de irregular forma como se llevaron las investigaciones, así como la actitud puesta de manifiesto por la empresa minera, no hizo más que quebrar totalmente las relaciones entre el pueblo y la empresa minera.

En Junio del 2002 se realiza la Consulta Distrital o Referéndum de Tambogrande, este acontecimiento democrático y voluntario fue observado por importantes instituciones internacionales, entre ellas algunas de Canadá, y arrojo un resultado contundente, en el que más de 27,000 ciudadanos dijeron NO a la explotación minera en Tambogrande, es decir el 98 % de los ciudadanos expresaron su voluntad en las urnas, diciendo NO a la Minera Canadiense. Esta expresión popular fue corroborada en Noviembre del 2002 con la elección del Presidente del Frente de Defensa de Tambogrande, organización que lidera la resistencia al ingreso de la minera, como Alcalde de Tambogrande.

 Al constatar que la licencia social les fue negada en forma tan firme,  enérgica e indiscutible la Empresa Canadiense y el actual Gobierno Peruano optaron con mayor empeño en llevar adelante sus propósitos con los mismos métodos dolosos y fraudulentos utilizados por el gobierno del mafioso Fujimori y se precipitaron a dar curso al procedimiento administrativo de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, proceso en el que la “evaluación” es un mero formalismo pues -al realizarse conforme a las normas que “perfeccionó” la dictadura de la década pasada- siempre culmina con la aprobación y la autorización de la explotación minera, pues la participación de los pobladores de las zonas afectadas por la proyectada actividad de explotación está limitada a la asistencia a “audiencias públicas” que sólo tienen carácter informativo en la que jamás se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos.

 Así en el mes de Diciembre del año pasado la empresa minera Manhattan presentó formalmente el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por una firma contratada por ella, el cual adolecía de tan grandes deficiencias que el gobierno peruano -no obstante su abierta parcialización con ella- se vio obligado a no darle curso y devolverlo, para que lo corrigieran y volvieran a presentar. Por su lado el pueblo de Tambogrande, desde el mismo momento en que se conoció la presentación del EIA acordó en forma unánime, en sendas Asambleas masivas, su rechazo al referido procedimiento administrativo y demandó al Gobierno el respeto a los resultados de la Consulta Popular, decidiendo no participar en las audiencias públicas que se convocaran.

 Sin embargo el gobierno demostrando su firme decisión de continuar con el negociado fraguado por la dictadura prosiguió el trámite y convocó a las Audiencias Públicas en las ciudades de Lima, Piura y Tambogrande los días 5, 6 y 7 del presente, pero se vio obligado  a cancelarlas ante el PARO DE 72 HORAS decretado por el Frente de Defensa de Tambogrande para esos días el cual fue apoyado por sendas y contundentes movilizaciones en Lima y Piura, que arrinconaron al Gobierno y a la Empresa Minera al poner al descubierto sus maquinaciones.

 Después de esto ya en el Congreso de la República un grupo de congresistas se ha pronunciado por la realización de una investigación ante la evidente ilegalidad de este sucio negociado que fraguó la dictadura del prófugo Fujimori. O sea que recién se van a tomar las cosas por donde se debió empezar.

 Indudablemente que el resultado de tal investigación va a dejar muy mal parada la reputación de las empresas mineras canadienses en el extranjero.

 Markham,  21 de Noviembre del 2003